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Los funcionarios de la ciudad de Tucson están intensificando sus esfuerzos continuos para abordar la falta de vivienda, la criminalidad y los desafíos de vivienda, delineando sus prioridades y metas durante la reunión del concejo municipal de la semana pasada.

En respuesta al creciente número de residentes sin hogar, los funcionarios continúan enfocándose en ampliar las opciones de vivienda y refugio, reducir la violencia y manejar los asuntos legales relacionados con la falta de vivienda.

Brandi Champion, directora del programa Housing First (Vivienda Primero) de la ciudad, destacó su enfoque proactivo en la divulgación, evaluación y operaciones de refugio, y les dijo a los miembros del concejo municipal que el programa ha estado al frente de la estrategia de la ciudad para abordar la falta de vivienda. 

El programa está diseñado para ofrecer refugio inmediato sin requisitos previos, como sobriedad o empleo, lo que, según Champion, suele ser una barrera para las personas sin hogar.

Habló sobre cómo el personal del programa continúa identificando y evaluando campamentos en toda la ciudad, sus esfuerzos guiados por el panel de campamentos de la ciudad. La herramienta rastrea los campamentos reportados y permite que los equipos de alcance interactúen directamente con las personas que viven en las calles, ofreciéndoles servicios esenciales, incluyendo acceso a vivienda, atención médica y otros recursos.

"Queremos generar responsabilidad regresando a los campamentos y generando confianza con estas personas, continuando ofreciéndoles servicios,” dijo Champion.

Housing First actualmente apoya a 45 adultos y 45 niños en el refugio The Wildcat, mientras que Desert Cove, operado por Community Bridges, atiende a 23 adultos y tres niños. Juntos, los refugios sirven como un recurso fundamental para quienes necesitan vivienda de emergencia y servicios integrales.

Además de las operaciones de albergue, Housing First ha sido fundamental en el apoyo a soluciones de vivienda permanente.

En el último año, Housing First ha servido a más de 2,000 personas y familias a través de actividades de divulgación en las calles, viviendas de apoyo permanente y servicios de refugio.

El programa también trabaja con el Equipo de Recursos y Educación para Personas sin Hogar del Distrito Escolar Unificado de Tucson, que ayuda a estudiantes sin hogar y sus familias brindándoles servicios integrales críticos a sus más de 100 participantes. La iniciativa juega un papel clave para ayudar a las personas a estabilizar y mantener la vivienda, dijo Champion.

La ciudad también ha estado trabajando para expandir sus opciones de vivienda, con varios proyectos nuevos en marcha.

Los planes para crear un refugio de 70 camas en el Amphi Housing Resource Center

El Centro de Recursos de Vivienda de Amphi están avanzando, con una fecha de apertura prevista para marzo. La instalación será un refugio de barreras bajas, que brindará alojamiento sin requisitos previos estrictos, y contará con instalaciones modulares adicionales para baños, duchas y servicios de lavandería. 

Los funcionarios de Tucson también están lidiando con desafíos legales como parte de la respuesta de la ciudad a la falta de vivienda, particularmente relacionados con la Proposición 312. La ley, aprobada por los votantes de Arizona en noviembre, permite a los propietarios de bienes raíces presentar reclamaciones para el reembolso de impuestos a la propiedad si argumentan que la falta de aplicación de leyes sobre personas sin hogar por parte de la ciudad les ha generado costos adicionales.

El abogado de la ciudad, Michael Rankin, abordó la respuesta legal de la ciudad a estos reclamos y señaló que Tucson necesita actualizar sus ordenanzas para proteger mejor a la ciudad de posibles demandas. Rankin enfatizó la importancia de revisar las leyes obsoletas que ya no son aplicables debido a cambios en las leyes estatales y federales.

"La Proposición 312 crea un reclamo para que cualquier propietario solicite el reembolso de los impuestos a la propiedad,” explicó Rankin. "Las reclamaciones se basan en la afirmación de que la ciudad no ha hecho cumplir ciertas leyes, lo que ha provocado que los propietarios incurran en costos adicionales.”

Rankin señaló varias ordenanzas, incluyendo normas obsoletas sobre solicitar dinero en los separadores de tráfico, ocupar propiedades de la ciudad y acampar en parques públicos, las cuales podrían ser impugnadas bajo la nueva ley.  Sugirió que estas ordenanzas deben revisarse para garantizar que sean ejecutables y estén alineadas con los estándares legales actuales.

En respuesta al creciente número de demandas legales, los líderes de la ciudad han acordado tomar medidas actualizando las ordenanzas para que sea más difícil para los propietarios ganar demandas bajo la Proposición 312. La ciudad ya ha comenzado una revisión de estas ordenanzas y los cambios propuestos serán enviados al alcalde y al consejo para su aprobación.

Los líderes de Tucson son optimistas sobre la capacidad de la ciudad para abordar la falta de vivienda, reducir el crimen y responder a los desafíos legales de manera efectiva. Aunque los problemas son complejos, los funcionarios de la ciudad creen que la inversión continua en vivienda, las estrategias de reducción del crimen basadas en datos y las reformas legales ayudarán a mejorar las condiciones en todo Tucson.

"En última instancia, estamos enfocados en mejorar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad,” dijo el administrador municipal Tim Thomure. "Pero esto requerirá inversión, colaboración y ajustes legales continuos para garantizar que satisfagamos las necesidades de nuestros residentes.”

Angelina Maynes es alumna de la Universidad de Arizona y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en angelinamaynes@arizona.edu.

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