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La Ciudad de Sur Tucson está abordando los derechos de los inquilinos mediante la implementación del Neighborhood Preservation Act, diseñada para mejorar la habitabilidad de los vecindarios y proteger a los residentes. Conocido por sus siglas en inglés como “NPA,” es traducido libremente al español como “Ley de Preservación de Vecindarios.”

El programa permite a la ciudad declarar una residencia como propiedad en condiciones deplorables si hay tres o más violaciones de las normas establecidas en la ordenanza, incluyendo estructuras defectuosas, falta de agua potable, instalaciones sanitarias inadecuadas, sistemas eléctricos o conexiones de gas peligrosos, y más.

“Los inquilinos tienen protecciones bajo la ley estatal, pero muchas veces se enfrentan a un propietario que tiene abogados y dinero,” dijo Joe Paladini, abogado de la ciudad, durante la reunión del martes pasado. "Este es un programa para ayudarlos, especialmente si son personas de bajos ingresos.”

La Ley está destinada a proteger a los inquilinos de los propietarios que no solucionan los problemas dentro de sus propiedades, lo cual es su obligación legal. El objetivo del programa es lograr el cumplimiento y limpiar el vecindario, creando una comunidad más habitable.

El concejo municipal ordenó al personal que se pusiera a trabajar para implementar un programa que permitiría la aplicación inmediata de la ordenanza.

Bajo la Ley, la ciudad podrá realizar inspecciones tanto interiores como exteriores para declarar la propiedad en estado deplorable. Aunque la queja de un vecino o un peatón puede provocar una inspección exterior, las inspecciones interiores requieren una invitación del inquilino.

Si el propietario no corrige una infracción a tiempo, se le impondrá una multa inicial de $1,000 y una multa adicional de $100 por cada mes que no se resuelva el problema. La multa también se aplica por unidad, lo que significa que en complejos más grandes, los costos podrían multiplicarse rápidamente.

Se espera que las multas sirvan como incentivo para que los propietarios prefieran solucionar los problemas en lugar de pagar una tarifa acumulativa.

El NPA ha sido una ordenanza municipal desde 2008, pero su aplicación ha sido una cuestión de asignación de recursos, según el concejal Brian Flagg.

La gerente de la ciudad, Verónica Moreno, dijo que el programa requiere la designación de un inspector de códigos, quién podría ser alguien ya empleado por la ciudad, como un miembro del departamento de policía, un fiscal de la ciudad o alguien dentro de otro departamento.

La persona deberá familiarizarse con los códigos de la ciudad para poder inspeccionar las viviendas, con el Pima County también ofreciendo este servicio en días específicos de la semana.

Paladini dijo que si bien el programa cuesta dinero, es "un costo relativamente bajo en comparación con los beneficios potenciales.”

En las próximas semanas, la ciudad comenzará a informar a los residentes sobre los detalles del programa.

Este refuerzo de los derechos de los inquilinos no es una acción aislada. El año pasado, la ciudad tomó acciones legales contra Brian Bowers, propietario de AM Family Properties LLC y Turino Avenue LLC, las empresas que administran Spanish Trail Apartments y 6th Avenue Suites. Ambas propiedades tienen tasas de criminalidad superiores al promedio y fueron lugares de frecuente actividad policial.

La demanda de la ciudad buscaba una orden judicial para obligar a Bowers a corregir los problemas o enfrentar cargos por desacato y posibles citaciones penales. Se ordenó a Bowers que tomara medidas para reducir la tasa de criminalidad, incluyendo la instalación de cercas, iluminación, señalización y videovigilancia.

"Inicialmente hicieron todo lo que se suponía que debían hacer. Ahora, ¿se ha mantenido? No lo sé con certeza,” dijo el jefe de policía de Sur Tucson, Danny Denogean. "Sé que la cantidad de llamadas a la policía allí ha disminuido en los últimos seis meses, (pero) todavía tenemos crímenes violentos allí.”

Bowers es uno de los principales impulsores de la aplicación del NPA, al menos para algunos de los miembros del consejo. Flagg, la alcaldesa Roxanna Valenzuela y el concejal César Aguirre se han opuesto abiertamente a la presencia de Bowers en Sur Tucson.

“Realmente es un problema de la ciudad y es necesario abordarlo,” dijo Flagg. “Por eso estamos en el concejo municipal, por eso somos funcionarios electos: para brindar liderazgo y deshacernos del peor propietario negligente, lo que realmente afecta extremadamente la calidad de vida aquí en el sur de Tucson.”

Photo Caption: El Spanish Trail Motel es una de las propiedades involucradas en el caso de reducción del crimen contra Bowers. Susan Barnett / El Foco de Tucson. 

Bowers no respondió a la solicitud de comentarios del Foco de Tucson, pero le dijo a Reyna Preciado de KGUN el pasado abril que los vínculos de Flagg, Aguirre y Valenzuela con el comedor comunitario local, Casa María, son un conflicto de intereses en su rol como miembros del concejo municipal.

Aunque ninguna de las propiedades ha sido designada vivienda en estado deplorable, varios residentes del Spanish Trail Motel y 6th Avenue Suites han hablado en reuniones recientes del consejo municipal sobre sus preocupaciones y han compartido sus experiencias al vivir en estas propiedades.

En una reunión el pasado mayo, Elizabeth Chaboya, residente de Spanish Trail, habló sobre las cucarachas, una plaga de ratones rabiosos y el asbesto en la propiedad.

Ashley Clark, otra residente de Spanish Trail, habló a los miembros del consejo sobre el aire acondicionado que no funciona en la propiedad, la falta de pomos de las puertas y las ventas de drogas que se realizan al aire libre. Clark dijo que no puede hablar con Bowers porque se enoja y se vuelve irracional cuando los inquilinos se acercan a él sobre problemas en la propiedad.

Nicholas Bruno, miembro del Tucson Tenants Union (Sindicato de Inquilinos de Tucson) que no reside en ninguna de las propiedades, contó una experiencia en la que Bowers se volvió agresivo y lo corrió de la propiedad.

En una reunión de junio, luego de una muerte en una de las propiedades, la residente Glenda Ávalos pidió más rendición de cuentas.

Y hace apenas dos semanas, se reportó un tiroteo en una de las propiedades, según Denogean.

“(Bowers) probablemente viene a Sur Tucson porque puedes salirte con la tuya en cualquier comunidad pobre, en comparación con las colinas donde él vive en una comunidad cerrada,” dijo Flagg. “(Está) deteriorando totalmente la calidad de vida en nuestro barrio.”

Paladini señaló que la Ley de Preservación de Vecindarios es un programa para toda la ciudad y “no está dirigido a un solo propietario,” añadiendo que sospecha que muchas propiedades más pequeñas también tienen problemas similares.

El consejo espera que la aplicación de la ley sea un paso en la dirección correcta para hacer Sur Tucson una comunidad más segura y vibrante. Se realizarán reuniones quincenales para evaluar su progreso.

Otras acciones de la reunión incluyeron:

• El concejo municipal aprobó por unanimidad un contrato de consultoría sobre cómo debería gastar la ciudad los $6.1 millones en fondos del departamento de bomberos recaudados mediante una propuesta aprobada por los votantes en noviembre. Los consultores son John Flynn de Policy Logic, LLC y David Christian, el actual director financiero del Distrito de Bomberos de Golder Ranch en Oro Valley. Los dos ofrecerán su experiencia y abogarán en nombre de la ciudad. 
• El jefe de policía Denogean actualizó al consejo sobre los esfuerzos del departamento de policía para combatir los problemas de personas sin hogar y el uso de drogas, especialmente fentanilo. Habló de dos operativos recientes, donde los agentes realizaron redadas en diferentes partes de la ciudad. Entre las redadas del 27 de enero y el 12 de febrero, el departamento realizó 23 arrestos que incluyeron seis cargos por delitos graves. Denogean dijo que a pesar de la falta de personal, el departamento responde a cada llamada y agregó que espera tener pronto cuatro agentes de policía de tiempo completo en su personal.

Susan Barnett es editora adjunta del Foco de Tucson y estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona. Anteriormente trabajó para La Estrella de Tucson. Contáctala en susan@tucsonspotlight.org.

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