Los miembros de la comunidad hispana de Tucson dicen que se sienten asustados a raíz de la fuerte aprobación de los votantes a una propuesta electoral que convierte la inmigración no autorizada en un delito estatal.

Los opositores han comparado la Proposición 314 con la SB1070, una ley estatal de 2010 que facultaba a las autoridades locales a solicitar documentos de inmigración a cualquier persona que sospecharan que era indocumentada.

También les permitió arrestar a cualquier persona que se creyera que era un inmigrante deportable sin una orden judicial.

La Proposición 314 obtuvo el 63% de los votos, con un número indeterminado de votos pendientes. El texto de la boleta decía que la propuesta estaba relacionada con “respuestas a los daños en la frontera”.

Los opositores dicen que perjudicará a las comunidades latinas y de color. Sus defensores dicen que protegerá a los arizonenses y dejará de agotar los recursos estatales utilizados por y para personas indocumentadas. 

"Los próximos dos años serán muy aterradores para los residentes indocumentados en Arizona," dijo Allan Colbern, experto en inmigración de la Universidad Estatal de Arizona. “Si esta ley entra en vigor… se requerirá que las autoridades locales en todo el estado hagan cumplir la ley de inmigración. Y me imagino que esto sería no sólo en la frontera, sino en todo el estado.”

La Proposición 314 tiene tres puntos principales:

• Convierte en un delito estatal el ingreso de no ciudadanos al estado entre los puertos de entrada y permite a la policía estatal y local arrestar a los no ciudadanos que cruzan la frontera ilegalmente. 
• Requiere que las personas verifiquen su estado de ciudadanía al inscribirse en programas de ayuda financiera o de bienestar público y tipifica como delito grave a las personas que envían información falsa. 
• Convierte la venta de fentanilo en un delito grave de Clase 2 si la persona vendió fentanilo a sabiendas y resulta en la muerte de una persona. 

Mientras el primer punto aún no es aplicable, la ACLU ha dicho que los dos segundos puntos se aplicarán antes del 25 de noviembre.

Isabel García, cofundadora de la Coalición de Derechos Humanos, calificó la Proposición 314 como legalizada la discriminación racial y dijo que tendrá implicaciones peligrosas.

“Esto nos va a poner como objetivo a todos,” dijo. “No verás a los agentes de policía del norte de Arizona bajando a la frontera para ver quién entró ilegalmente. Lo que harán es encontrarse con algunos de esos trabajadores que existen allí en Flagstaff y preguntarles: '¿Cómo llegaste?'” 

Tanto García como Colbern dijeron que la ley tendría enormes ramificaciones para las comunidades de todo Arizona, no sólo cerca de la frontera, y García ya se está preparando para movilizarse. 

Antes de las elecciones, Derechos Humanos lideró un esfuerzo para informar a la gente sobre la Proposición 314 y alentarlos a votar en contra. Organizaron una protesta, realizaron reuniones informativas semanales y difundieron el mensaje en las redes sociales.

“Se equivocan si creen que no vamos a contraatacar,” dijo García. “No vamos a tomar medidas antihumanas, no aceptaremos que se le impongan medidas antihumanas a nadie, esa es la conclusión. Vamos a luchar contra ustedes hasta el final (y) vamos a tener una resistencia masiva”.

En 2018, la activista por la justicia reproductiva y los derechos de los migrantes Alejandra Pablos fue nuevamente detenida por Immigration and Customs Enforcement, ICE. Estuvo detenida durante 43 días antes de que se le concediera la libertad bajo fianza y regresara a casa, después de que comunidades de todo el país se organizaran en su nombre.

No es ajena a la lucha por su derecho a permanecer en los Estados Unidos.

La Proposición 314 “va a organizar toda nuestra energía para ir y detenerlo, cuando simplemente podríamos estar haciendo otras cosas que hacen todos los días las personas que no son criminalizadas por la policía”, dijo. “Como vivir sus vidas y estar con sus familias. No podemos hacer eso. Tenemos que organizarnos para salvar nuestras vidas”.

La Proposición 314 sigue el modelo de la SB4, una ley de Texas que se está abriendo camino en los tribunales debido a dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Dado que el gobierno federal controla la aplicación de la ley federal de inmigración, el tribunal está decidiendo si el estado puede criminalizar, hacer cumplir y deportar a los inmigrantes. 

A principios de este año se presentó en el Congreso un proyecto de ley fronterizo bipartidista que habría creado una vigilancia fronteriza más estricta. Casi todos los republicanos votaron en contra después de que el presidente electo Donald Trump se opusiera. 

“La administración Biden no ha logrado asegurar nuestras fronteras del sur,” escribió Joel Strabala en un argumento instando a los votantes a apoyar la Proposición 314. “Por lo tanto, los arizonenses deben asegurar la frontera sur de nuestro estado”.

En este momento, tanto la SB4 como la Proposición 314 están en pausa en Texas y Arizona, a la espera de la decisión del tribunal. Pero eso no trae ningún consuelo a los oponentes.

“Si el tribunal dictamina que la SB4 es constitucional, veremos al día siguiente que Arizona comience a hacer cumplir la Proposición 314”, dijo Colbern.

Cree que no se tomará una decisión hasta el próximo año, bajo la administración Trump. Y predice que una organización como Living United for Change en Arizona o ACLU llevará la propuesta a los tribunales para bloquearla nuevamente aquí en Arizona.

En una declaración publicada el miércoles, LUCHA prometió mantenerse firme y “seguir luchando por las familias inmigrantes, la justicia económica y las libertades que la administración de Trump busca arrebatar.” 

De manera similar, en un comunicado emitido el jueves, la ACLU afirmó que “considerará todas las opciones para impedir la implementación de esta ley inconstitucional y dañina.”

“La Propuesta 314 no solucionará las fallas de nuestro sistema de inmigración, ni 'asegurará la frontera' en la forma en que lo han representado sus proponentes”, dijo Noah Schramm, estratega de política fronteriza de la ACLU de Arizona. “Lo que hará –si los tribunales alguna vez lo permiten– es separar a las familias, exacerbar la discriminación racial y aumentar la criminalización de los inmigrantes y las comunidades de color”.

Pablos, activista por los derechos de los inmigrantes, señala la falta de políticos que hablan en contra de la Proposición 314 como una de las razones por las que se aprobó. 

“No he visto al gobernador hablar de protegernos ni nada de eso, no he visto a muchos políticos protegernos localmente”, dijo. “Tuvimos que obligar a (la alcaldesa de Tucson) Regina Romero a salir y hablar en contra de la Proposición 314. Eso no es suficiente. Por eso esto pasó.”

Aunque la gobernadora Katie Hobbs habló cuando la Proposición 314 estaba abriéndose camino en la legislatura, no ha emitido una declaración sobre la Proposición 314.

Un portavoz de la gobernadora dijo que ella ha demostrado repetidamente que trabajará “con cualquiera para tomar medidas para asegurar nuestra frontera y proteger el estado de derecho, no atacar a las comunidades de Arizona.

Pablos también culpa a los medios en español por no cubrir este tema de manera integral, y agrega que personas y organizaciones como ella ahora tienen que asumir la carga de informar a la comunidad. Los medios de comunicación no logran contextualizar por qué la gente migra a Estados Unidos, dijo Pablos.

“Sabemos que Estados Unidos se ha estado infiltrando en otros países y provocando que más personas migren,” dijo Pablos. “Y la otra parte es que si la gente quiere migrar, debería poder hacerlo.”

García y Pablos asistieron a la reunión semanal de Derechos Humanos el jueves, la primera desde la aprobación de la Proposición 314.

La sala se llenó de asistentes, dejando a más de 30 personas de pie en la pequeña sala. 

Los organizadores se centraron en movilizar esfuerzos a través de eventos educativos, programas de apoyo y difusión de información. 

El grupo organizará una asamblea para inmigrantes afectados por la Proposición 314 el sábado 23 de noviembre en la Iglesia Presbiteriana Southside. Los organizadores dijeron que los asistentes pueden esperar información sobre la nueva ley, lo que entrará en vigor de inmediato y sus derechos. 

Derechos Humanos también está planeando una asamblea pública el 7 de diciembre para conectar a personas, organizaciones y empresas que quieran unirse al movimiento.

La Proposición 314, en combinación con la reelección de Trump, ha infundido miedo en las vidas de inmigrantes e indocumentados, como mencionaron algunos asistentes a la reunión.

Un asistente habló sobre la creación de un plan detallado en caso de que algo les sucediera a ellos o a su pareja, que incluía tener un archivo con registros relevantes que los ayudarían y un amigo con quien pudieran depender para vivir temporalmente.

Sugirieron esto como una práctica que podría ser útil para las familias que podrían tener que lidiar con la detención o deportación de un miembro de la familia.

Para tratar de entender cómo se sentirán los latinos ante la aprobación de esta propuesta, El Foco de Tucson se dirigió a El Super, un mercado en el lado sur de Tucson. 

Muchos pidieron que no se publicaran sus nombres.

Una mujer, que está en proceso de naturalización, dijo que no creía que la propuesta fuera aprobada, pero ahora teme por su futuro y el de su familia. 

Una pareja, que dijo que votaron en contra, hablaron de marchar en protesta por la SB 1070 hace años y viajar hasta Phoenix para protestar contra la ley.

Si bien el esposo no cree que la aprobación de la Proposición 314 lo afecte a él o a su familia, dijo que aun así marchará contra ella si se entera de una protesta, y mencionó la necesidad de que los medios en español hagan su parte para informar a la comunidad sobre este tipo de eventos. 

Esta misma pareja también dijo que votaron por Trump porque apoyan deportar a las personas que están aquí sin documentos.

Otro hombre dijo que votó sí a la Proposición 314 debido al aspecto del fentanilo, diciendo que creía que “frenaría” la venta de fentanilo a otros lugares además de Tucson. Reconoció que incluir el punto del fentanilo en la propuesta era “un gancho”, pero aún así votó a favor porque no cree que la gente debería poder vender fentanilo en absoluto.

Dice que espera que esto anime a “la gente mala” que vende fentanilo a irse a otra parte.

El fentanilo era una preocupación para otros, incluido Jaime, quien llegó a Estados Unidos desde Cuba hace dos años. 

“Dos personas murieron ayer por una sobredosis de fentanilo allí mismo,” dijo Jaime, señalando la esquina afuera del estacionamiento de El Super. 

Jaime dijo que si bien comprende la necesidad de reducir el abuso de drogas, esta propuesta no es la respuesta. 

"Es antihumano... porque la gente está huyendo de sus países por muchas razones," dijo. “¿Cómo le van a dar el derecho a un oficial de policía que no es un oficial de inmigración para que luego tenga el derecho (a actuar como un oficial de inmigración?) Es como crear una dictadura.”

Dijo que el gobierno debe brindar un camino hacia la ciudadanía para las personas respetuosas de la ley que han estado viviendo y trabajando en este país durante años.

“Esto será realmente dañino e injusto. Hay una gran medida restrictiva (a nivel nacional) y creo que es una medida equivocada para nuestro país,” dijo Colbern, experto en inmigración de ASU. "Necesitamos encontrar una mejor manera de brindar vías para que los inmigrantes se conviertan en residentes legales y tengan un camino hacia la ciudadanía."

Susan Barnett es editora adjunta de El Foco y estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona. Anteriormente trabajó para La Estrella de Tucson. Contáctala en susan@tucsonspotlight.org.

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