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Decenas de activistas se reunieron frente al Centro de Detención de Eloy el mes pasado, exigiendo la liberación de una mujer transgénero filipina que enfrenta la deportación tras años de presuntos abusos bajo custodia federal.

La protesta puso el foco en las condiciones dentro de las cárceles privadas y los peligros que enfrentan las personas LGBTQ+ detenidas.

Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, con más de 20,000 personas encarceladas, principalmente en cárceles privadas.

Durante años, las personas albergadas en estos centros de detención han denunciado la falta de alimentos nutritivos, acceso a atención médica y respeto y decencia básicos por parte de los guardias de la prisión y otros detenidos.

Ligaya Jensen fue la principal demandante en una demanda colectiva contra GEO Group, una empresa privada de prisiones, por el uso de químicos tóxicos en un centro de procesamiento del ICE de California, donde estuvo detenida durante cinco años.

Jensen, una mujer trans filipina que actualmente se encuentra bajo custodia del ICE en Eloy, se ha convertido en un símbolo de resistencia dentro de un sistema que, según activistas, es “mortal por diseño”.

Jensen recibió su residencia en 1996. Más tarde fue víctima de un estafador en línea y aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2014 después de que el estafador la implicara en un crimen.

Después de cumplir su condena, fue puesta inmediatamente bajo custodia del ICE, donde ha sufrido grave negligencia médica, malas condiciones de vida y una prolongada separación de su familia, según activistas que se reunieron con ella a finales de marzo.

La petición de Jensen exigiendo ser llevada ante un juez para determinar si su detención es legal expiró el 5 de marzo, por lo que podría ser deportada en cualquier momento.

Recientemente fue trasladada al Eloy Detention Center, una prisión privada propiedad de CoreCivic, donde activistas y organizadores del sur de California y Arizona se reunieron para realizar una vigilia y protestar por su liberación.

Entre los asistentes estaba Rafik Wahbi, estudiante de doctorado en salud pública de la UCLA y con una maestría en el mismo campo. Wahbi ha estado investigando la salud pública en instalaciones carcelarias.

“Estos son centros de tortura,” dijo al Foco de Tucson. “Están diseñados para romper a las personas. Hacerlas pasar hambre. Separarlas de sus familias y de cualquier tipo de interacción social. Lo que vemos dentro de las prisiones y cárceles es, más o menos, lo que parece un centro de personas a punto de morir.”

Un informe interno sobre 17 inspecciones sorpresa de ICE, incluyendo una en Eloy, reveló que el 35% de los centros violaban las normas de salud y seguridad ambiental; el 71% no brindaba de manera consistente el cuidado requerido a los detenidos en aislamiento; el 82% no cumplía con los estándares de comunicación entre el personal y los detenidos, como registrar solicitudes o incluso proporcionar a los detenidos acceso a formularios de solicitud en papel ; el 59% tenía casos de incumplimiento de los estándares de atención médica ; y el 76% no cumplió con los estándares del sistema de quejas.

Para muchas personas detenidas y exdetenidas, el informe no fue ninguna sorpresa.

El problema se agrava para las mujeres trans, quienes también enfrentan la negación de su identidad trans y la falta de acceso a la atención médica.

La detención también puede ser peligrosa para las personas de la comunidad LGBTQ+. Jocelin Méndez, una migrante trans de Nicaragua, compartió su experiencia durante la vigilia.

“Como mujer trans me trataron pues feo,” dijo. “No tuve mi dignidad, para mi me la botaron por el suelo. Yo me sentía peor que un animalito que anda desnudo, o sea horrible."

Méndez, activista de Mariposas Sin Fronteras, pasó tiempo en el Eloy Detention Center. Dice que, además de la falta de comida y agua limpia, los oficiales de detención ignoraron su identidad trans y les negaron a ella y a otras mujeres trans acceso a atención médica,  lo que llevó a la muerte de su amiga Roxana Hernández.

"No dejaron que Roxana metiera su medicamento y cuando llegó allí pues ya le decía de que no aguantaba, que se estaba sofocando y ellos le dijeron que estaba loca,” dijo Mendez. “Dijeron, ‘todos se vuelven locos cuando llegan al centro de detención.’”

A pesar de sus súplicas de atención médica, Hernández, de 33 años, murió en el centro de detención tan solo 11 días después de ser ingresada.

Había sido diagnosticada con VIH no tratado, deshidratación, inanición, choque séptico, anemia, linfadenopatía, enfermedad pulmonar nodular y trombocitopenia.

Hernández había entrado a Estados Unidos en la misma caravana que Méndez, donde se conocieron. Ambas habían llegado a Estados Unidos buscando seguridad.

Una persona trans es asesinada cada tres días, y América Latina y el Caribe concentra el 73% de los asesinatos a nivel mundial.

En Nicaragua, grupos LGBTQ+ reportan que la policía permite y tolera la violencia contra las personas LGBTQ+ y no investiga a fondo sus casos, según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre las prácticas de derechos humanos en el país.

“Salí de mi país buscando seguridad y libertad —porque estoy bajo amenazas de muerte—, buscando que se escuche mi voz,” dijo Méndez. “Pero cuando te detienen, no nos dan voz, no nos dan seguridad. Supuestamente es un país democrático, pero una vez que estás ahí dentro, no es democrático.”

Ella relata cómo la obligaban a usar su nombre de nacimiento, cómo los guardias la acosaban físicamente, cómo hacían la vista gorda ante las agresiones de otras personas encarceladas, e incluso fingían no hablar ni entender español cuando se les hablaba.

“‘Aquí no tienes derechos’, siempre nos decían. ‘Un inmigrante no tiene derechos aquí,’” ella dijo.

Méndez recuerda enfermarse por beber agua del grifo y recibir solo una pastilla como tratamiento a pesar de pedir ir a la enfermería; desayunar huevos fríos y pan viejo; ser colocada en la sección de hombres; y pasar días en confinamiento solitario con los guardias alumbrándole la cara con una luz brillante cada dos horas.

“Yo me ponía a pensar en todo lo que si yo regresaba pues en mi país me iban a hacer. Entonces digo yo, ‘pues ni modo, aguantarme tantas cosas,’” dijo. “No saben que es duro en nuestros países y que voy a preferir mil veces aguantandome todo lo que ellos me hacen antes de regresar a mi país que me maten.”

Karla Bautista, otra migrante trans y activista de Trans Queer Pueblo en Phoenix, huyó de Guatemala intentando escapar de la violencia, el racismo, el clasismo y la falta de aceptación de las mujeres trans.

“(Como migrantes, pensamos que) Estados Unidos tiene mejores oportunidades para nosotras, pero no es así, y lo estamos viendo ahora mismo,” dijo. “Nos vemos obligadas a migrar porque nos quitan nuestras oportunidades, criminalizan nuestras identidades y nos excluyen. No hay oportunidades para nosotras. Por eso migramos a este país.”

Hace más de 20 años, Bautista estuvo detenida en una hielera, donde se supone que las personas permanecen detenidas por un breve periodo antes de su proceso de deportación— algo que aún se hace hoy en día.

El American Immigration Council y otros investigadores y organizaciones han documentado temperaturas extremadamente bajas, hacinamiento, privación del sueño y alimentación insuficiente— todas situaciones que Bautista afirma haber experimentado durante su tiempo allí.

“Nadie merece estar en estos centros de detención. Nadie merece sufrir confinamiento, segregación ni falta de acceso a atención médica,” dijo.

Aunque las mujeres trans corren un mayor riesgo de acoso y abuso, los activistas afirman que todos los migrantes experimentan las mismas condiciones de detención deficientes.

“Hay que preguntarse: ¿por qué estamos creando un lugar donde las condiciones son tan malas que la gente muere simplemente por estar allí y no puede salir?” preguntó el estudiante de doctorado Wahbi. “Es verdaderamente indigno, y está diseñado para matar lentamente.”

Se han reportado 15 muertes en el Eloy Detention Center desde 2003.

A principios de este mes, una mujer china detenida en un centro de detención de Yuma se suicidó. Los informes mostraron que no la habían revisado durante 7.5 horas y que no se habían realizado varias verificaciones de bienestar requeridas.

Las acciones de empresas de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group se dispararon tras la elección del presidente Donald Trump en 2024. En sus primeros 50 días en el cargo, ICE realizó más de 32,000 arrestos.

Con las medidas de Trump contra estudiantes, contribuyentes, personal de la salud, personas bajo estatus de protección temporal, familias, empresas y otros, las prisiones privadas esperan un aumento de la población penitenciaria y del número de migrantes detenidos.

“No más fronteras, no más centros de detención. ¿Por qué? Porque no son la solución. Al contrario, limitan nuestros derechos”, dijo Bautista. “Proponemos una solución donde nuestras comunidades —donde las identidades trans, queer y no binarias— puedan ser libres, celebrarse a sí mismas y tener oportunidades como cualquier otro ser humano”.

Susan Barnett es editora adjunta del Foco de Tucson y estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona. Anteriormente trabajó para La Estrella de Tucson. Contáctala en susan@tucsonspotlight.org.

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