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Los activistas ambientales locales se están preparando para el impacto de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que eliminan las protecciones y congelan lo que la nueva administración llama un uso excesivo de fondos federales.

Los esfuerzos de justicia ambiental del gobierno federal comenzaron en 1994 bajo el presidente Bill Clinton y se ampliaron bajo el presidente Joe Biden para establecer la Iniciativa Justice 40, cuyo objetivo es garantizar que las comunidades marginadas o desfavorecidas reciban al menos el 40% de los beneficios federales relacionados con el medio ambiente, la vivienda, el desarrollo económico y otras áreas.

Pero una de las primeras acciones de Trump después de asumir el cargo fue emitir una orden radical que canceló 68 órdenes ejecutivas y 11 memorandos presidenciales de la administración Biden, incluidas muchas políticas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Entre ellas se encontraba el desmantelamiento de las políticas e iniciativas de justicia ambiental, lo que ha generado preocupación entre expertos y grupos locales.

Associated Press informó que Ayana Elizabeth Johnson, fundadora del grupo de expertos sin fines de lucro Urban Ocean Lab (Laboratorio del Océano Urbano), dice que las nuevas órdenes “ensuciarán más el aire, enfermarán más a la gente, encarecerán la energía y harán que nuestras comunidades estén menos preparadas para el clima extremo.”

La orden es una de varias acciones de la nueva administración que debilitan las protecciones ambientales, con Trump calificando las órdenes de Biden como “extremismo climático” y diciendo que el gasto excesivo en objetivos ambientales ha contribuido a la inflación y ha agobiado a las empresas.

Representantes de Arizona Youth Climate Coalition (la Coalición Climática Juvenil de Arizona), un grupo de defensa climática  a nivel estatal, dicen que están preocupados por los impactos potenciales de la eliminación de la política climática federal en los esfuerzos locales, diciendo que estos cambios de política podrían generar incertidumbre con respecto a la financiación federal para proyectos locales.

Estos incluyen proyectos destinados a reducir las emisiones, promover la energía renovable, aumentar la sombra y proteger a las comunidades marginadas de los impactos del clima extremo.

El co-líder de la coalición en Tucson, Ojas Sanghi, dijo que si bien gran parte de lo que Trump está haciendo es “ilegal o inconstitucional,” los cheques y balances del gobierno están siendo puestos a prueba. En política, "cheques y balances" se refiere a la separación de poderes entre los órganos del Estado. Esto permite que los poderes compartan el poder y evita que ninguno de ellos adquiera un poder excesivo.

Aumentar la conciencia y el compromiso de la comunidad es de vital importancia, dijo Sanghi.

“Lo que Trump está haciendo al firmar estas órdenes ejecutivas es realmente remodelar radicalmente el gobierno y destruir la acción climática de muchas maneras,” dijo Sanghi al Foco de Tucson. “El condado de Pima y la ciudad de Tucson no saben si volverán a recibir los fondos federales que habían ganado para realizar trabajo climático local, y ese fue el trabajo en el que estuvimos involucrados.”

En octubre, el Distrito Escolar Unificado de Tucson aprobó una innovadora Resolución de Acción Climática que se encuentra entre las más completas del país. El plan establece objetivos que incluyen lograr emisiones netas cero para 2040, una reducción del 50% para 2030 y un compromiso con energía 100% limpia para 2035. El distrito esperaba financiación de Inflation Reduction Act (traducido libremente como la Ley de Reducción de la Inflación y conocido por sus siglas en inglés como “IRA”), Bipartisan Infrastructure Act (la Ley de Infraestructura Bipartidista) y otras fuentes federales.

“Ahora mucho de eso está en el aire y en duda, porque... no sabemos si recibirán el dinero, lo cual es completamente ilegal,” dijo Sanghi. "El IRA fue una herramienta crítica para impulsar la acción climática local.”

Sanghi dijo que las nuevas órdenes ejecutivas también cambian la forma en que la gente piensa y habla sobre cuestiones ambientales. A las agencias federales ya no se les permite utilizar las palabras “cambio climático” y recursos como “Green Tool” (“Herramienta Verde”) de la Agencia de Protección Ambiental han sido eliminados de su sitio web, junto con conjuntos de datos relacionados con la energía y el medio ambiente.

“Todo esto realmente perjudica el aspecto de los datos del trabajo en (concienciación) climática y realmente afecta la toma de decisiones locales, y en muchos sentidos es como la prohibición moderna de la información climática en los libros,” dijo Sanghi.

El jueves, el concejal de la ciudad de Tucson, Kevin Dahl, y defensores de la salud pública se reunieron en Tucson para destacar la importancia del impacto de los incentivos federales para los vehículos eléctricos y las inversiones en energía limpia en Tucson.

Dahl dijo que los incentivos para vehículos eléctricos de la Ley de Reducción de la Inflación han ayudado a reducir costos para las familias, impulsar el crecimiento económico y crear nuevos empleos en el sector de energía limpia. Expresó su preocupación de que revertir políticas como estas destruiría este progreso, dañando tanto la economía como la salud pública.

Karen Peterson, ex presidenta de la junta del Distrito Tucson 2030 y miembro del Physicians for Social Responsibility Arizona Chapter (Capítulo de Médicos por la Responsabilidad Social de Arizona), dijo que el compromiso de Tucson con la energía limpia depende de políticas federales sólidas que protejan el progreso.

"La Ley de Reducción de la Inflación representa una enorme oportunidad económica y, lo que es igualmente importante, sus inversiones buscan garantizar un futuro habitable para nuestras comunidades,” dijo. "Tucson ha dado grandes pasos en el avance de la sostenibilidad y el transporte limpio, y no podemos darnos el lujo de dejar que estas inversiones vitales se escapen.”

El Dr. Brian Drummond, presidente y cofundador de Arizona Health Professionals for Climate Action (Profesionales de la Salud de Arizona para la Acción Climática), dijo que reducir las emisiones de los vehículos conduce a mejoras inmediatas y tangibles en la salud pública. 

"Como médico y dueño de un vehículo eléctrico, veo de primera mano cómo la reducción de emisiones mejora la salud pública de manera inmediata y tangible,” dijo Drummond.

Los créditos fiscales federales también han permitido que las familias hagan la transición a vehículos eléctricos y adopten soluciones de energía limpia para el hogar, como paneles solares, dijo Drummond, mientras el trío pedía a los representantes del Congreso de Arizona que defendieran las "inversiones críticas".

Además de pedir a los funcionarios electos que tomen medidas y protejan el medio ambiente, grupos como estos y Arizona Youth Climate Coalition (Coalición Juvenil por el Clima de Arizona) están trabajando para aumentar la conciencia y asegurarse de que la gente comprenda el impacto de estas acciones.

"Hay una resistencia creciente,” dijo Sanghi. “Creo que durante las dos primeras semanas la gente estaba tan conmocionada y atónita que no sabían realmente cómo reaccionar. En los últimos días hemos visto un poco más de resistencia, especialmente a nivel nacional por parte de los demócratas, y espero que esa resistencia se extienda y que la gente en nuestros niveles locales comience a encontrar sus voces y tenga más confianza para hablar en contra de esto... y AZYCC ayudará a hacer ese trabajo.”

Matthew Lewis es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y es pasante en El Foco de Tucson. Contáctalo en mclewis95@arizona.edu.

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